El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III, y su esposa Meghan Markle, perdieron el derecho a una protección sistemática, con fondos públicos, cuando visiten Reino Unido, tras haber decidido en el 2020 que iban a poner fin a sus funciones públicas dentro de la familia real para instalarse en California, en Estados Unidos.
El príncipe Harry sufrió un nuevo revés en su batalla legal por obtener medidas de seguridad durante sus visitas al Reino Unido dado que, después de que las autoridades decidieran no otorgarle protección sistemática, el Tribunal Superior de Londres respaldó esta determinación, considerándola "no irracional".
Harry había expresado su desacuerdo con esta decisión y anunció su intención de apelar, aclarando que no buscaba un trato preferencial, sino simplemente una aplicación justa y legal de las normas de protección. Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó este recurso de apelación, confirmando que la negativa a proporcionarle protección tenía bases sólidas.
A pesar de este revés, el príncipe Harry aún tiene la opción de llevar su caso ante un tribunal de apelación, manteniendo viva la disputa legal sobre su seguridad durante sus visitas al país.
Además, el magistrado dictaminó que Harry deberá pagar el 90% de los gastos judiciales del Ministerio del Interior relacionados con este caso. Esta decisión representa la segunda derrota legal para el príncipe Harry en su lucha por conservar medidas de seguridad durante sus estancias en el Reino Unido.
El año pasado, los tribunales ya le habían negado el derecho a recibir protección policial, a pesar de su disposición a costearla con sus propios fondos personales.